Para cualquier Secretario, Interventor o Tesorero de la Administración local, y para los Técnicos de Administración Especial, que quieran proteger su patrimonio ante una eventual reclamación por un error profesional.

Características del seguro.

Descripción

Cubre la Responsabilidad Civil Profesional que pueda derivarse de los errores profesionales en los que pueda incurrir el Asegurado en el ejercicio de su actividad como funcionario de la Administración Local por daños patrimoniales a los intervinientes en el proceso de que se trate o terceros, causados involuntariamente, así como la acción de retorno de la Administración por esos errores.

Se entiende por daños patrimoniales, aquellos perjuicios puramente económicos que no derivan de una daño personal o material.

Ventajas

Este seguro tiene las siguientes características:

  • No exigimos colegiación ni ser habilitado de carácter nacional.*
  • Aseguramos secretarios, interventores y tesoreros interinos y accidentales legalmente habilitados, así como Técnicos de Administración Especial.
  • Este seguro permite defenderse de posibles reclamaciones infundadas o no.
  • En causas penales, tendrá libertad de elección de abogado hasta 20.000€
  • Se cubren las fianzas penales y contables y no sólo las civiles
  • Se da cobertura frente al Tribunal de Cuentas y al Contencioso Administrativo

* Si bien tenemos acuerdos con determinados colegios a los que ofrecemos mejores condiciones económicas para sus colegiados y retroactividad ilimitada.

Resumen de coberturas de este seguro.

  • Hasta 1.200.000 euros de capital asegurado.
  • Damos cobertura a la acción de retorno de la Administración y a las reclamaciones en vía administrativa y contencioso administrativa, así como las reclamaciones del Tribunal de Cuentas.
  • Incluimos la pérdida o extravío de documentos.
  • Ofrecemos Retroactividad de un año (ampliable a ilimitada).
  • Ampliación del periodo de reclamación en los supuestos de fallecimiento, invalidez permanente, invalidez total, jubilación o cesación en la actividad, abonando la prima de un año.
  • Inhabilitación profesional hasta 3.000 euros al mes por un periodo máximo de 24 meses (antes 12).
  • Constitución de fianzas civiles, penales y contables.
  • Libre elección de abogado y procurador hasta 20.000 euros en la Defensa Penal.
  • Reclamación de daños personales hasta 3.000 euros de gastos.
  • Reclamaciones y sanciones impuestas por la A.E.P.D. hasta 60.000 euros.

Únicamente se aplicará una franquicia del 15% del siniestro en la cobertura de pérdida o extravío de documentos y de 3.000 euros en la cobertura de sanciones de la A.E.P.D. por la infracciones de la L.O.P.D.

Inhabilitación por expediente disciplinario.

En acuerdo del pleno se acuerda suspender de empleo y sueldo al secretario de un ayuntamiento por una decena de irregularidades. En la actualidad el expediente se encuentra en el Contencioso Administrativo pendiente de resolución.

Por el momento, se ha abonado la inhabilitación y gastos de defensa: 39.025,00€

Acusación por prevaricación.

La secretaria de un pequeño ayuntamiento es acusada, junto al alcalde, de prevaricación por otorgar una licencia para la construcción de una granja que ha impedido que se implantara otra vecina que la había solicitado presuntamente con antelación pero no había aportado la documentación requerida en tiempo y forma. Se absuelve a la asegurada al comprobar que se han cumplido todos los requisitos y no se ha favorecido al granjero que sí pudo abrir la explotación.

Costes de defensa: 2.748,50 €

Acusación por informar de la irregularidad de un acuerdo adoptado.

A pesar de que no se le solicitó informe jurídico a la secretaria, sobre “asistencias a despacho” para los cargos electos, esta se encuentra demandada por un concejal que acudió primero al Justicia de Aragón, que recomendó la suspensión por considerar que no se ajustaba al art 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, y después denuncia ante la Fiscalía Provincial de la provincia, que inicia diligencias de investigación penal al Presidente de la Comarca y a la Secretaria-Interventora, por creer que ésta debió informar de la irregularidad del acuerdo adoptado. Se sobresee la causa.

Costes de defensa: 185,50€

Condena por delito imprudente.

El secretario interventor, autoriza el pago de varias obras a un mismo constructor, sin verificar que dichas obras, ya certificadas, estuvieran realmente ejecutadas.

Se condena solidariamente a nuestro asegurado y se le inhabilita por un periodo de 6 meses.

La aseguradora indemniza gastos de defensa, inhabilitación y responsabilidad solidaria por un total de: 31.773,39€

Demanda por prevaricación en expedientes urbanísticos.

Un arquitecto técnico presenta una denuncia por presunto delito de prevaricación contra el secretario, la jefa de urbanismo y dos arquitectos municipales, por considerar que le han perjudicado reiteradamente al impedirle obtener resolución favorable para la autorización de varios expedientes de licencia de primera ocupación y una sobreelevación de un inmueble, mientras que en parecidos casos sí que se han autorizado a otros.

Mientras se dilucida el caso en sede judicial, la aseguradora adelanta las minutas de la defensa.

Provisión de fondos del secretario y la técnica: 1.600 €

“Por mi experiencia no necesito esta póliza.”

Nos encontramos con que muchos secretarios, tesoreros e interventores coinciden con la frase que hemos escrito más arriba. Opinan que no van a tener ninguna reclamación: porque a ellos nunca les ha pasado; porque trabajan en un ayuntamiento pequeño; porque el seguro del ayuntamiento ya les cubre, porque están a punto de jubilarse…

No se confíe. En todos estos años hemos visto que la realidad es otra. Lo que pasa es que la mayoría de los casos no se hacen públicos y los propios afectados intentan que sus causas pasen desapercibidas.

Hoy en día uno puede verse imputado en una causa penal sin saber cómo, simplemente porque a algún político, funcionario o vecino se le ocurre sospechar una irregularidad. Seguro que ninguno de los implicados en los casos que mostramos a continuación esperaba encontrarse con una situación así.

Veamos unos ejemplos reales que han aparecido en prensa.

  1. Una secretaria tras hacer una consulta al I.N.E. excluyó del censo a los extranjeros residentes. Al parecer, el I.N.E. informó erróneamente: le dijeron que pusiera NO donde debía decir SI. Fue absuelta junto con la alcaldesa casi tres años despues. Leer noticia.  Leer en pdf.
  2. Una secretaria es imputada por falsificación de firma y luego absuelta. Leer noticiaLeer en pdf
  3. Absuelven a una secretaria en un caso de otorgamiento de licencias urbanísticas. Leer noticia. Leer en pdf.
  4. Absuelven a un secretario de un ayuntamiento por falsedad y malversación de caudales públicos. Leer noticia. Leer en pdf.
  5. Absuelven al secretario de un delito de coecho. Leer noticia. Leer en pdf.
  6. Absuelven a la ex- alcaldesa e interventor de un delito de prevaricación. Leer noticia. Leer en pdf.
  7. Absuelven al alcalde y al interventor de un delito de prevaricación. Leer noticia. Leer en pdf.
  8. Absuelven al alcalde, interventor y otros funcionarios por un delito de prevaricación. Leer noticia. Leer en pdf.

Si bien es verdad que todos estos casos han terminado en absolución, los gastos en los que todos ellos han incurrido pueden haber sido importantes.
En Urquía & Bas disponemos de la mejor solución para su protección.

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