Si es secretario, interventor o tesorero de la Administración Local, técnico de administración general o especial, funcionario o interino le interesa disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional que le proteja ante posibles reclamaciones y, por qué no, también para reclamar sus derechos.
Le ofrecemos el seguro más completo de Responsabilidad Profesional, pues cubre todo el ámbito de su actuación al servicio de la Administración Local, por reclamaciones derivadas de “actos incorrectos” -ya sean estos por acción como por omisión-, así como otras interesantes coberturas adicionales.
Nuestro seguro de responsabilidad civil para funcionarios de la Administración Local, se ha redactado con las aportaciones de algunos colegios profesionales, por y para los secretarios interventores y tesoreros de la administración local y, por extensión, para el resto de empleados de la Administración Local.
Ya son once los colegios de secretarios interventores y tesoreros que lo recomiendan a sus colegiados y más de setecientas las personas que han suscrito este seguro al que también pueden adherirse el resto de funcionarios de la Administración Local, excepto ingenieros y arquitectos en ese ámbito de actividad.
Por qué le interesa contratar este seguro:
- Porque la excesiva carga de trabajo le dificulta, si no le impide, estar al día en cuanto a la legislación.
- Porque, a veces, la presión por parte de las autoridades y de los mismos ciudadanos provoca que puedan ocasionarse errores y que esos errores pueden ocasionar perjuicios económicos a la propia administración en sus bienes y derechos, o a terceros.
- Porque disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional para funcionarios de la Administración Local le permitirá disponer de un amplio abanico de coberturas para defenderle ante reclamaciones por parte de terceros o de la propia Administración Local y, por qué no, reclamar sus derechos.
¿Qué se cubre?
La responsabilidad civil profesional y contable del funcionario, de carrera o interino, que incluye:
- La acción de retorno de la administración.
- Reclamaciones en vía administrativa y contencioso-administrativa. Incluso, a título personal, las reclamaciones como miembro de un tribunal de selección de personal.
- Reclamaciones del Tribunal de Cuentas.
- La pérdida o extravío de documentos.
- La inhabilitación profesional hasta 3.500 € al mes y hasta 24 meses.
- Destitución, según Real Decreto 128/2018, art. 65, hasta 3.500 € al mes durante un máximo de 6 meses.
- Ampliación, con carácter gratuito, del periodo de reclamación en los supuestos de fallecimiento, invalidez permanente, total, jubilación o cesación de la actividad.
- Las sanciones de la AEPD por la infracción de la L.O.P.D.
- Gastos de restitución de imagen.
- Defensa en casos de acoso, tanto como acosado como presunto acosador.
- Reclamaciones por agresión.
- Gastos de defensa por falta o disminución de percepciones salariales.
- Constitución de fianzas civiles, penales y contables.
- Libre elección de abogado en causas penales.
- Defensa en procedimientos administrativos disciplinarios.
- Garantía de Arbitraje.
- Retroactividad ilimitada.
- Asistencia Psicológica a consecuencia de una reclamación.
- Compensación por asistencia a juicio como testigo, 100 € día y 1.500 € en el año por asegurado
- Gastos de defensa por reclamación de tercero por difamación o libelo, hasta 30.000 €
- Creación, supresión o provisión de puestos de trabajo. Hasta 12.000 €.
Franquicias: Únicamente se aplicará una franquicia de 3.000 € en la cobertura de sanciones de la A.E.P.D. por infracciones de la L.O.P.D
Dado que esta póliza de responsabilidad civil profesional para funcionarios de la Administración Local no cubre daños personales ni materiales (salvo pérdida o extravío de documentos), sino únicamente perjuicios económicos no derivados de daño personal o material, no es recomendable la contratación de este seguro por parte de responsables de prevención de riesgos laborales ni guardia urbana. Por otro lado, se excluye expresamente a ingenieros y arquitectos cuando ejerzan en ese ámbito de actividad.
Descargar el condicionado de la póliza.
Precios
| Límite Asegurado |
Precios Anuales |
| 150.000 € |
145,88 € |
| 300.000 € |
165,24 € |
| 450.000 € |
183,55 € |
| 600.000 € |
189,66 € |
| 900.000 € |
221,22 € |
| 1.200.000 € |
259,45 € |
| 2.000.000 € |
329,25 € |
| Otros capitales |
Consultar |
Algunos casos tramitados
- Inhabilitación por expediente disciplinario: En acuerdo del pleno se acuerda suspender de empleo y sueldo al secretario de un ayuntamiento por una decena de irregularidades. En la actualidad el expediente se encuentra en el Contencioso Administrativo pendiente de resolución. Por el momento, se ha abonado la inhabilitación y gastos de defensa: 39.025,00€
- Acusación por prevaricación: La secretaria de un pequeño ayuntamiento es acusada, junto al alcalde, de prevaricación por otorgar una licencia para la construcción de una granja que ha impedido que se implantara otra vecina que la había solicitado presuntamente con antelación, pero no había aportado la documentación requerida en tiempo y forma. Se absuelve a la asegurada al comprobar que se han cumplido todos los requisitos y no se ha favorecido al granjero que sí pudo abrir la explotación. Costes de defensa: 2.748,50 €
- Acusación por informar de la irregularidad de un acuerdo adoptado: A pesar de que no se le solicitó informe jurídico a la Secretaria, sobre “asistencias a despacho” para los cargos electos, esta se encuentra demandada por un concejal que acudió primero al Justicia de Aragón, que recomendó la suspensión por considerar que no se ajustaba al art 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, y después denuncia ante la Fiscalía Provincial de la provincia, que inicia diligencias de investigación penal al Presidente de la Comarca y a la Secretaria-Interventora, por creer que ésta debió informar de la irregularidad del acuerdo adoptado. Se sobresee la causa. Costes de defensa: 185,50€
- Condena por delito imprudente: El Secretario-Interventor, autoriza el pago de varias obras a un mismo constructor, sin verificar que dichas obras, ya certificadas, estuvieran realmente ejecutadas. Se condena solidariamente a nuestro asegurado y se le inhabilita por un periodo de 6 meses. La aseguradora indemniza gastos de defensa, inhabilitación y responsabilidad solidaria por un total de: 31.773,39€
- Demanda por prevaricación en expedientes urbanísticos: Un arquitecto técnico presenta una denuncia por presunto delito de prevaricación contra el Secretario, la jefa de urbanismo y dos arquitectos municipales, por considerar que le han perjudicado reiteradamente al impedirle obtener resolución favorable para la autorización de varios expedientes de licencia de primera ocupación y una sobreelevación de un inmueble, mientras que en parecidos casos sí que se han autorizado a otros. Mientras se dilucida el caso en sede judicial, la aseguradora adelanta las minutas de la defensa. Provisión de fondos del Secretario y la técnica: 1.600 €
Otros casos reales
“Por mi experiencia no necesito esta póliza.”
Nos encontramos con que muchos secretarios, tesoreros e interventores coinciden con la frase que hemos escrito más arriba. Opinan que no van a tener ninguna reclamación: porque a ellos nunca les ha pasado; porque trabajan en un ayuntamiento pequeño; porque el seguro del ayuntamiento ya les cubre, porque están a punto de jubilarse…
No se confíe. En todos estos años hemos visto que la realidad es otra. Lo que pasa es que la mayoría de los casos no se hacen públicos y los propios afectados intentan que sus causas pasen desapercibidas.
Hoy en día uno puede verse imputado en una causa penal sin saber cómo, simplemente porque a algún político, funcionario o vecino se le ocurre sospechar una irregularidad. Seguro que ninguno de los implicados en los casos que mostramos a continuación esperaba encontrarse con una situación así.
Veamos unos ejemplos reales que han aparecido en prensa, por discreción evitamos aquellos casos en los que la persona acusada a resultado condenada.
- Una secretaria tras hacer una consulta al I.N.E. excluyó del censo a los extranjeros residentes. Al parecer, el I.N.E. informó erróneamente: le dijeron que pusiera NO donde debía decir SI. Fue absuelta junto con la alcaldesa casi tres años después. Leer en pdf
- Una secretaria es imputada por falsificación de firma y luego absuelta. Leer en pdf
- Absuelven a una secretaria en un caso de otorgamiento de licencias urbanísticas. Leer en pdf
- Absuelven a un secretario de un ayuntamiento por falsedad y malversación de caudales públicos. Leer en pdf
- Absuelven al secretario de un delito de cohecho. Leer en pdf
- Absuelven a la ex- alcaldesa e interventor de un delito de prevaricación. Leer en pdf
- Absuelven al alcalde y al interventor de un delito de prevaricación. Leer en pdf
- Absuelven al alcalde, interventor y otros funcionarios por un delito de prevaricación. Leer en pdf
Si bien es verdad que todos estos casos han terminado en absolución, los gastos en los que todos ellos han incurrido pueden haber sido importantes.
En Urquía & Bas disponemos de la mejor solución para su protección.
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